En el área metropolitana de Bucaramanga, el tope establecido para la vivienda VIS es de 150 salarios mínimos, que equivale a unos $262 millones. Muchas familias de clase media podrían entrar en ese rango con el ajuste decretado por el Gobierno.
Más allá del impacto en el costo de la vivienda, el alza del salario mínimo del 23,7 % podría generar también un escalada de desestimaciones de vivienda, una disminución de la oferta inmobiliaria (por la dificultad para lograr los cierres financieros) y afectar otros factores como el monto de los subsidios que otorga el Estado.
Javier Ricardo Peñaranda, gerente de Camacol Santander, indicó que este incremento (tres veces por encima de la inflación) “tiene un impacto directo y significativo en el costo por metro cuadrado de la construcción en el país”. El gremio calcula que el impacto agregado sobre el precio de la vivienda podría acercarse al 10%, pues un alto porcentaje de los costos (nómina o insumos) están relacionados directa o indirectamente con el salario mínimo.
En ese contexto, Peñaranda explicó que estos mayores costos laborales “inevitablemente terminan presionando los precios finales de la vivienda, afectando la viabilidad de construir la misma cantidad de metros cuadrados que hoy se desarrollan, especialmente en los segmentos de vivienda de interés social y prioritario”, cuyos valores están definidos en salarios mínimos legales vigentes.
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